Entidades vecinas ya cuentan con sistemas o mecanismos para resguardar a reporteros en riesgo
(Información de la periodista Violeta Huerta, publicada en el Sol de Toluca y publicada en este medio con permiso de la autora)
Al menos cuatro de las entidades más cercanas al Estado de México que son Morelos, Michoacán, Ciudad de México e Hidalgo ya cuentan con una Ley de Protección a Defensores de Derecho Humanos y Periodistas, donde se incluye un mecanismo de protección para estos ciudadanos.
En el Estado de México la diputada local de Morena, Azucena Cisneros, ha planteado una iniciativa similar que también busca proteger, promover y garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; así como fomentar la capacitación y coordinación.
Guerrero también tiene una ley en la materia, pero con carácter asistencialista que se denota desde su nombre: Ley Para el Bienestar Integral de los Periodistas del Estado de Guerrero; en ella apenas se menciona en el artículo 27 la necesidad de establecer medidas cautelares cuando se presuman actos que pongan en riesgo a los periodistas.
Las cuatro citadas leyes que ya prevén el mecanismo de protección y la iniciativa para el Estado de México son muy parecidas, además tienen similitudes con la federal, pues prevén órganos encargados de ejecutar las normas, recibir las solicitudes de protección y otorgar las medidas respectivas.
Ante las recientes agresiones a representantes de los medios de comunicación de los valles de Toluca y México, periodistas mexiquenses se pronunciaron por frenar esta ola de violencia.
DERECHOS
De acuerdo con la Corte Intermericana de Derechos Humanos el periodismo es la manifestación primaria de la libertad de expresión, por lo cual esta actividad profesional implica derechos humanos como el derecho a la información y la dignidad humana.
Distintos especialistas han señalado que la libertad de expresión es el inicio para cualquier tipo de libertad, por lo cual el periodismo también se convierte en una actividad de interés público.
Las recientes agresiones contra periodistas mexiquenses han ocurrido en los municipios de Toluca, Tezoyuca, Nezahualcóyotl, Ecatepec y La Paz.
A la fecha el Estado de México es uno de las 13 entidades que no tienen una ley de protección a periodistas.
De acuerdo con una revisión efectuada por El Sol de Toluca varían los sistemas que utilizan los estados del centro del país para proteger a los periodistas.
Las leyes de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Morelos y Ciudad de México cuentan con un mecanismo de protección; mientras en Michoacán existe un sistema estatal y en Hidalgo una comisión estatal.
MORELOS
En Morelos, la Ley que data de 2018, cuenta con 54 artículos donde se regula el funcionamiento de un Comité Consultivo y un Subcomité Técnico de Evaluación, encargados de conocer las solicitudes de protección para evaluarlas y otorgar las respectivas medidas.
Entre ellas se consideran una línea de comunicación exclusiva y un correo institucional del mecanismo de protección, resguardar la información física y digital de los expedientes, dar seguridad, y atender las solicitudes que de manera formal se realicen.
CIUDAD DE MÉXICO
En el caso de la Ciudad de México, cuya norma cuenta con 81 artículos, el mecanismo es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión enfocado a proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Esta ley incluye un Consejo de Evaluación de Medidas, un Consejo Consultivo, y una mesa de trabajo multisectorial.
Entre las medidas de protección consideradas para periodistas en riesgo están la evacuación, reubicación temporal, escoltas, protección de inmuebles y medidas de protección como teléfonos de jefes policiacos, códigos, protocolos de seguridad, escoltas, celular o radio, instalación de cámaras y cerraduras, chalecos antibalas, y autos blindados.
También prevé medidas sociales como apoyos para hospedaje, vivienda, alimentación, gestiones ante la autoridad y prevé un fondo para aplicar ese mecanismo y otorgar capacitación.
MICHOACÁN
En Michoacán la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene 47 artículos. Crea un sistema estatal y establece como instancia máxima una Junta de Gobierno, además de un Consejo Consultivo y una Unidad Estatal para coordinarse con la federación, municipios, órganos autónomos y el mecanismo federal; así como un grupo operativo para monitorear riesgos y agresiones.
También prevé las solicitudes de protección, medidas preventivas y de protección extraordinaria, que son prácticamente las mismas de la ley federal y de la Ciudad de México.
HIDALGO
En Hidalgo su ley tiene 37 artículos y está vigente desde 2016.
También contempla un mecanismo de protección y prevé medidas de prevención y medidas urgentes de protección que al igual que las anteriores leyes incluyen seguridad personal y reubicación, pero además contempla capacitar a los servidores públicos.
La norma también crea una Comisión Estatal de Protección, integrada por una Junta de Gobierno y una Secretaría Ejecutiva, operada por la Secretaría de Gobierno que se encarga de evaluar y otorgar medidas de protección.
ESTADO DE MÉXICO
La iniciativa de Morena en el Estado de México se denomina Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Incluye un mecanismo de protección, medidas preventivas, urgentes, y de protección que son casi idénticas a las establecidas en la ley capitalina, pero también reconoce como derechos específicos, inherentes a la actividad de las y los periodistas, al secreto profesional, la cláusula de conciencia y el acceso a la información. El mecanismo estaría integrado por una Junta de Gobierno y una Coordinación Ejecutiva Estatal, que sería operado por la Secretaría de Gobierno. La junta sería la instancia máxima del mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
