*Prevalece anarquía y complicidad de funcionarios estatales
*Además de no haber políticas públicas para regular
Los Grupos Parlamentarios de morena, PT, PAN, PES, PRD, PVEM y los diputados sin partido en la 60 Legislatura mexiquense señalaron que la entidad presenta un crecimiento urbano desordenado y sin planeación, así como preocupantes contrastes en cuanto a su desarrollo económico, a la calidad de vida de sus habitantes y al otorgamiento de servicios públicos, mientras que para la bancada del PRI, es necesario adoptar medidas metropolitanas que unifiquen criterios, visiones y políticas públicas.
Lo anterior, durante la comparecencia del secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Andrés Massieu Fernández, ante las comisiones legislativas de la materia, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo Maza.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, de morena, planteó que el Estado de México, al ser la entidad más poblada del país, presenta preocupantes contrastes en cuanto a su desarrollo económico, a la calidad de vida de sus habitantes y al otorgamiento de los servicios públicos de cada municipio y refirió la sobrepoblación en la zona oriente de la entidad.
En este sentido, cuestionó las políticas en materia de asentamientos urbanos en esa región, la calidad de las viviendas de interés social y el subejercicio presupuestal, y consideró que los apoyos para la construcción han sido «asistencialistas».
La legisladora Elba Aldana Duarte (morena) dijo que el estado experimenta contradicciones en su desarrollo urbano, producto de cambios constantes en los criterios de crecimiento natural, y destacó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano ha sido partícipe del incremento de las construcciones clandestinas en la entidad.
Preguntó qué sucede con aquellas denuncias que han llegado a su secretaría por este problema, específicamente sobre el fraccionamiento Cumbres-Herradura, ubicado en San José Río Hondo, en Naucalpan, del cual dijo que se están invadiendo ductos de agua, derechos de ríos y drenaje, se están descargando directamente las aguas negras al río, deteriorando la distribución del agua y extinguiendo la flora y la fauna del último pulmón verde de la zona poniente de la entidad.
El legislador Israel Plácido Espinosa Ortiz (PRI) dijo que se requieren acciones bien articuladas para hacer frente a las realidades políticas, jurídicas e institucionales pues la fusión material y cultural obliga a adoptar medidas metropolitanas que unifiquen criterios, visiones y, desde luego, políticas públicas, leyes y acciones concretas para mantener el orden social.
El legislador preguntó en qué consiste la agenda metropolitana del Valle de México y cuáles son los beneficios directos para los mexiquenses; pidió también información sobre los avances en la actualización de los planes de desarrollo urbano de los municipios.
Por el PT, el diputado Bernardo Segura Rivera mencionó que el desarrollo económico y la falta de políticas públicas eficaces y eficientes para contener la mancha urbana, así como la explosión demográfica y la corrupción, han ocasionado un crecimiento anárquico y descontrolado en varias zonas de la entidad, lo que resulta en falta de servicios públicos como agua, electricidad y movilidad.
Cuestionó sobre acciones de ordenamiento territorial, así como sobre los beneficios que traerá a la entidad la firma del Convenio de Colaboración Metropolitano con la Ciudad de México y el estado de Hidalgo, además de señalar posibles actos de corrupción en la construcción del conjunto residencial Acanto, ubicado en San Mateo Atenco, que se construye sobre una zona de alto riesgo y viola las normas de seguridad.
El legislador José Antonio García García, presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Urbano, dijo que la entidad está lejos de garantizar un urbanismo ágil, dinámico, adecuado y sostenible, que para los mexiquenses es casi imposible acceder a una casa propia, servicios básicos en sus viviendas, transporte público seguro y eficiente. Preguntó cuál es el principal problema del desarrollo urbano que atiende la secretaría y sobre las acciones para atender el abandono de viviendas.
La diputada Araceli Casasola Salazar, del PRD, habló sobre los múltiples fraccionamientos que se han desarrollado la zona oriente del estado y el reto que implica ordenarlos; destacó que espera que en los resultados que se presenten el próximo año no exista corrupción o mala planeación, porque de lo contrario “se terminará generando un crecimiento urbano, pero irracional y desmedido”.
Preguntó qué prevé la secretaria en materia de reordenamiento territorial para el proyecto del Tren Interurbano México-Toluca y para el aeropuerto Felipe Ángeles, de Santa Lucía.
La legisladora Julieta Villalpando Riquelme, coordinadora del Grupo Parlamentario del PES, señaló que las tres premisas del diseño urbano de las que habla el informe de gobierno (sostenibilidad ambiental, social y económica) no se aplican en ninguna parte del territorio mexiquense, “peor aún, pareciera que no existe una planeación urbana como tal”, sostuvo.
Cuestionó sobre las acciones que se están tomando para frenar el desarrollo de la vivienda en el Valle de México ante el desmedido crecimiento de unidades masivas de casas-habitación, como los grandes fraccionamientos en Ixtapaluca, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Tlalnepantla, Ecatepec, Coacalco y Tultitlán, y sobre las reglas de operación de los programas de vivienda y de equipamiento urbano, así como de los esquemas de regularización de la tenencia de la tierra.
El diputado José Alberto Couttolenc Buentello, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, señaló que, ante la gran demanda de vivienda, constructoras han tratado de satisfacerla estableciéndose sin previo análisis urbano-territorial y ambiental, lo que ha originado un crecimiento urbano disperso y desordenado. Dijo que “son millones los mexiquenses que viven en condiciones que degradan su calidad de vida”, por lo que preguntó sobre las estrategias para mejorar la movilidad y la vida social de los municipios de la megalópolis, y también sobre el diseño de sistemas de infraestructura sustentables que permitan aprovechar el agua de lluvia.
Juan Carlos Soto Ibarra, de los diputados sin partido y presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, señaló que el desarrollo urbano de la entidad continúa presentando falta de planeación y desigualdad, sobre todo en la periferia a la Ciudad de México.
Dijo que municipios como Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca, Amecameca y Ozumba deben ser considerados como centros y subcentros urbanos con alto potencial de desarrollo para contribuir a elevar la competitividad del Valle de México, y pidió al secretario explicar cómo la Ley de Desarrollo Metropolitano para esa zona ayudará, en el corto plazo, al diseño de políticas en beneficio de los municipios de la periferia.
Al responder a los cuestionamientos de los legisladores, el secretario Andrés Massieu expuso que una gestión urbana y metropolitana eficaz es pieza clave para el desarrollo del territorio, ya que eleva la competitividad de las empresas, ayuda a incrementar la seguridad y permite ordenar los espacios públicos para mejorar la calidad de vida de las personas.
La dependencia, indicó, trabaja por un crecimiento ordenado tanto de las ciudades, como de las poblaciones suburbanas y las comunidades rurales, tomando en consideración sus vocaciones económicas, sociales y culturales. Señaló, sin embargo, que el reto de reordenar el territorio es enorme y requiere planes de largo plazo y transexenales.
Adelantó que frente a la construcción del Tren Interurbano México-Toluca y la ampliación del aeropuerto internacional de Toluca y del Arco Norte, se trabaja en un programa para esta zona metropolitana y en el Plan Parcial de Cobertura Subregional de la Zona de Influencia del tren.
Entre algunos datos que aportó sobresale que, con el programa Familias Fuertes Mejoramiento de la Vivienda, se benefició a 114 mil mexiquenses, de los cuales 65% fueron jefas de familia, y que se han entregado más de 28 mil títulos de propiedad y posesión a más de 112 mil personas, a través de esquemas de regularización de la tenencia de la tierra.
