En la pasada conferencia de prensa que ofreció Horacio Duarte, el coordinador de campaña de Delfina Gómez, exhibió al todavía director de comunicación social del gobierno estatal de orquestar una campaña sucia contra su representada y candidata de Morena al gobierno estatal, la noticia ocasionó la dimisión del cargo de Jorge Pérez Zamudio, pero hasta ahí quedó, pero lo importante es que la legislatura exija el castigo que la ley prevé para este tipo de delitos, pues él solo obedeció órdenes y se va muy contento con una jugosa retribución económica a manera de premio de consolación, pero, repito, el delito existe y se tiene que buscar que sea consignado para sentar un precedente en la historia de las elecciones mexiquenses.
Pérez Zamudio, el insigne funcionario encargado de la imagen del gobernador, logró unir al gremio periodístico, pero en contra de su jefe, pues sus desplantes y prepotencia solo distanciaron, como nunca, la relación entre el titular del ejecutivo estatal y los representantes de los medios de comunicación.
Centró sus “proyectos” en sus amigos y se olvidó de los más de 500 medios regionales que existen en territorio mexiquense, sus inteligentes estrategias de posicionamiento no rebasaron el municipio de Toluca y los resultados están ahí: el gobernador goza de una no muy buena imagen y mantiene una raquítica calificación entre sus homólogos de la república mexicana. No se diga que hacemos leña del árbol caído, pues desde siempre se ha señalado los errores en materia de comunicación que hubo en esta administración estatal.
La llegada de la nueva comunicadora a unos días de culminar el encargo es semejante a un cambio en fútbol en tiempo de compensación y con marcador adverso, dicho sea de otra manera ya ni para qué, esperemos que no le toque a Margarita Neyra pagar los platos rotos, pues de que debe investigarse el gasto oneroso en comunicación social, se debe investigar y saldrán muchas cosas a luz si es que no existe algún acuerdo entre la diputación actual para no escarbar.
De investigar a fondo los diputados se darán cuenta de la falta de publicación de convocatorias, licitaciones y los altos pagos por las mismas, dónde se quedaron los miles de millones de pesos que se repartieron de manera discrecional y lo más importante: una revisión a las cuentas bancarias y propiedades adquiridas por el ex funcionario y que, seguro estoy, no van acorde al salario oficial que se le asignó.
En fin, si Morena de verdad quiere un cambio y poner en orden ese desorden está obligada a investigar, denunciar y exigir la aplicación de la Ley para castigo, en su caso, de quien infringió descaradamente el encargo del gobernador. Mucho trabajo para la diputación, del instrumento legal que debería hacerlo (OSFEM) ni pensarlo, solo ha sido un elefante blanco, como siempre …Y YA.,
