*Señalan Ineficiencia en Procuración de Justicia
Diputados de la 60 Legislatura mexiquense señalaron que la procuración de justicia sigue presentando deficiencias en los tiempos de atención a la ciudanía, en la modernización y en la apertura de carpetas de investigación y su resolución, por lo que la sociedad no confía en ella y mantiene una elevada percepción de inseguridad.
En la última de las comparecencias ante el Pleno de la Legislatura por el segundo informe de gobierno estatal, el diputado Gerardo Ulloa Pérez, de morena, demandó al fiscal general Alejandro Jaime Gómez Sánchez redoblar esfuerzos para dar inmediata respuesta a los reclamos ciudadanos, en tanto que por el PRI el legislador Juan Maccise Naime le preguntó sobre las acciones para mejorar los tiempos de atención, la poca empatía del personal de la FGJEM hacia la gente y los malos tratos que ésta recibe.
Para el PAN, por medio de la diputada Karla Leticia Fiesco García, la población no sólo teme a la delincuencia, sino también a las instituciones de seguridad y de administración de justicia; del PT, Sergio García Sosa cuestionó si la dependencia está lista para aplicar la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio; María de Lourdes Garay Casillas (PES) expuso que se observa una ola de delincuencia en el transporte público, en tanto que Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada del PRD, acusó que el informe de gobierno no muestra mayores cambios en este rubro.
Ante el diputado Nazario Gutiérrez Martínez, presidente de la Directiva del Congreso, el coordinador parlamentario del Partido Verde, José Couttolenc Buentello centró su participación en el tema del sistema de reclusorios estatales, mientras que Juan Carlos Soto Ibarra, del grupo de legisladores sin partido, en las personas desaparecidas en la entidad.
Conforme al protocolo para las comparecencias y tras la primera intervención del fiscal, quien dijo que la seguridad pública en la entidad es un tema que debe atenderse desde la prevención y el trabajo conjunto de todas las instituciones y población en general, Gerardo Ulloa apuntó pocos avances en la capacitación del personal y en la mejora estructural y administrativa de la dependencia para beneficiarse de su condición de ente autónomo.
Al recordar que esta Legislatura le avaló un incremento sustantivo para este año 2019, le preguntó por las acciones para mejorar y ampliar la infraestructura, así como las remuneraciones del personal a su cargo. Aseveró que si bien para la administración estatal la seguridad es uno de los principales pilares, “yo no lo veo”.
Posteriormente, su compañera de bancada Violeta Nova sentenció que la realidad en esta materia no se corresponde con los fines de la institución y que la población sigue percibiendo deshonestidad y desconfía de sus servidores. Esto, añadió, resulta más grave cuando la entidad sigue siendo, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, primera en incidencia delictiva.
Aseguró que los servidores de la FGJEM aún extorsionan a las personas, que la propia Fiscalía no ha resuelto delitos y crímenes contra sus propios integrantes, que los servidores públicos de ésta no cuentan con equipamiento suficiente, que aún se ve la revictimización de denunciantes e interrogó sobre acciones para erradicar los falsos retenes que pone la delincuencia. Invitó a los servidores de la institución presentes en la comparecencia a ser empáticos con la población, pues la Fiscalía no es solamente el titular, sino “también ustedes”.
Por el PRI, Juan Maccise resaltó que los denunciantes de delitos deben pasar horas para presentar una demanda y enfrentarse a la falta de empatía de quienes las reciben, por lo que pidió al Fiscal explicar las acciones para revertirlo. Al precisar que en la entidad sólo se denuncia el 10% de los delitos y de éstos sólo se inicia carpeta de investigación en el 60% de los casos, pidió saber las razones y si hay una estrategia que permita mejorar este índice.
Se interesó además en las acciones de la institución para, en el marco del llamado servicio civil de carrera, profesionalizar al personal de la Fiscalía para la mejor prestación de los servicios. Adicionalmente, planteó que datos oficiales muestran que jóvenes y adolescentes delinquen cada día más, y solicitó a Alejandro Gómez datos al respecto y de las políticas para enfrentarlo.
Del PAN, Karla Fiesco estableció que las causas de la delincuencia son diversas, como sus afectaciones. De acuerdo con el Índice de Paz México 2019, del Instituto para la Economía y la Paz, el impacto económico de la violencia fue 10 veces mayor que la inversión pública en salud y ocho veces mayor que la inversión en educación en 2018. En términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41 mil 181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. Preguntó por las políticas en materia de alerta de género y violencia contra las mujeres, desaparecidos, corrupción e implementación de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Del PT, Sergio García expuso que una comparación entre la entidad y la ciudad de México con Morelos, Tlaxcala y Guerrero —que juntas suman casi la población mexiquense—, mostraría que el territorio estatal cuenta con los mayores índices de delincuencia.
Señaló que los resultados entregados, pese a un mayor presupuesto, no son suficientes, e invitó al fiscal a seguir trabajando por los mexiquenses, al tiempo que advirtió que los diputados seguirán atentos a su actuar. Se interesó en temas de rehabilitación y mejora de los espacios de la dependencia, la atención a grupos vulnerables y las políticas de colaboración para hacer efectivos los beneficios a quienes se encuentran en centros de readaptación.
Omar Ortega, coordinador parlamentario del PRD, acotó que en la entidad sí hay un incremento en los delitos de alto impacto y se mantiene la impunidad. Aunque la autoridad señale su disminución, prosiguió, mientras las personas sigan sintiendo que la inseguridad no cede, “no basta”. Destacó que el estado es de los que no cuentan con un número de agentes del Ministerio Público adecuado para al número de habitantes, y señaló que el burocratismo desalienta la cultura de la denuncia
María de Lourdes Garay, a nombre del PES, afirmó que delinquir en la entidad “es un negocio rentable”, y denunció que desde hace ocho años se ha incrementado el robo a unidades del transporte público y sus pasajeros, además de las extorsiones y hasta los asesinatos de operadores. Cuestionó que no se haya actuado en el tema del tiradero de Tepotzotlán, el cual cuenta con una orden judicial de cierre que no ha efectuado esta dependencia. Pidió saber sobre acciones por la equidad de género en la Fiscalía y la capacidad del Servicio Médico Forense para albergar los cadáveres que diariamente se reportan en el estado.
Por el PVEM, su coordinador José Couttolenc planteó que la entidad es la que mayor número de reclusorios tiene en el país, pero presentan sobrepoblación y más del 40% de casos de presos sin sentencia. Consultó si se hace algo para evitar violaciones a los derechos humanos de los detenidos y para inhibir la reincidencia. También lo interrogó sobre avances y resultados en la implementación de tecnologías de la información en el área.
El legislador Juan Carlos Soto preguntó por las nuevas agencias y fiscalías especializadas en temas específicos, por las personas con reporte de desaparecidas localizadas con vida, por el tiempo que toma obtener una resolución de un Ministerio Público, por los nuevos mecanismos para la resolución de denuncias y por criterios para establecer convenios con los ayuntamientos a fin de otorgar asesoría a vecinos que viven en asentamientos de propiedad condominal, entre otros temas.
En sus participaciones el fiscal Alejandro Gómez explicó, sobre los feminicidios, que este año la Fiscalía ha incrementado en 121% las vinculaciones a proceso y 105% las sentencias condenatorias, y estableció que de septiembre de 2018 al mismo mes de 2019 se obtuvieron 50 sentencias por feminicidio y se obtuvo la segunda sentencia vitalicia por tres víctimas de este delito.
En materia de capacitación, señaló que se realizaron 320 cursos, siete diplomados y se abrieron dos maestrías, con lo que el personal se encuentra cada vez mejor preparado y con más herramientas de sensibilización y empatía, apuntó.
Señaló que este año fueron sentenciadas 8 mil 818 personas, lo que representa un incremento del 26% comparado con 2018; en este mismo lapso se dio un incremento de 22% en autos de vinculación a proceso; del total de imputados, 8 mil 545 corresponden a delitos de alto impacto y destacó que la Fiscalía judicializó más de 17 mil carpetas de investigación e intervino en más de 144 mil audiencias penales.
