Toluca, Méx.- La 60 Legislatura autorizó al gobierno estatal la contratación de créditos por mil 500 millones de pesos destinados al fortalecimiento de los sectores de comunicaciones, agua y obra pública, cantidad que representa 400 millones de pesos menos de los que inicialmente solicitó el Ejecutivo.
En sesión del Cuarto Periodo Ordinario bajo la presidencia del diputado Nazario Gutiérrez Martínez, el Pleno aprobó además la reserva del diputado Valentín González Bautista al artículo 1 del dictamen para precisar que, de los mil 500 millones de pesos, 996 millones 772 mil 500 pesos se destinen al sector comunicaciones, y 503 millones 227 mil 984 pesos, al sector de obra pública y agua.
El diputado del Grupo Parlamentario de morena también propuso reservas a los artículos 8, 11 y 1 transitorio del dictamen inicial, para establecer que los instrumentos que se suscriban deberán cumplir con la legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública, fiscalización, rendición de cuentas, contabilidad gubernamental y disciplina financiera.
También se consigna que las secretarías de Finanzas, de Comunicaciones y de Obra Pública deberán informar trimestralmente a la Legislatura sobre los proyectos y avances correspondientes para que ésta verifique la correcta aplicación de los recursos contratados, y que la Secretaría de Finanzas informe a la brevedad el destino específico de los proyectos de inversión productiva a ejecutar con tales créditos.
Para el legislador González Bautista, esta aprobación tiene como propósito fundamental apoyar los proyectos de infraestructura vial para lograr la interconexión de las tres terminales aéreas que conformarán el sistema aeroportuario del centro de México que promueven el gobierno federal y el estatal.
Se trata también de garantizar la ampliación de las carreteras y obras complementarias que sean necesarias, en el entendido de que se conoce la estrategia de impulso al desarrollo económico integral del gobierno federal que ha hecho público que se tienen planeados más de mil 600 proyectos de obra, como la continuación del tren suburbano Toluca-ciudad de México y otros.
Durante el debate, el coordinador parlamentario del PRI, diputado Miguel Sámano Peralta, señaló que los desafíos de un estado con más de 17 millones de habitantes demandan esfuerzos compartidos, de tal manera que para promover la competitividad se requieren recursos adicionales. Expresó el respaldo a las propuestas que planteó el diputado González Bautista.
También de morena, la legisladora Beatriz García Villegas expuso que la aprobación es para apoyar las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en beneficio de los mexiquenses, y señaló que los diputados serán vigilantes de la ejecución de esos recursos.
Por su parte, su compañero Faustino de la Cruz Pérez apuntó que el aval de la bancada morenista, “expresión de responsabilidad política”, motivó un intenso debate dentro del grupo, por lo que se pronunció por profundizar en la transparencia y rendición de cuentas para conocer el uso del recurso público.
Conforme al dictamen de la iniciativa remitida por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, leída en tribuna por el diputado Marlon Martínez Martínez (PRI), la autorización es con base en la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2019 y los créditos referidos tendrán un plazo de financiamiento hasta de 7 mil 300 días (20 años), contados a partir de la fecha de firma o de aquella en que se ejerza la primera disposición de los recursos o el desembolso de los financiamientos que se contraten cuando dicha fecha sea conocida.
El documento refiere como garantía y fuente de pago las participaciones federales y las aportaciones federales afectadas en el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago F/00105, también llamado Fideicomiso Maestro.
El decreto respectivo establece, además, que las condiciones, plazos, términos e interés que deberán fijarse para los financiamientos autorizados observarán las mejores condiciones de mercado, y respetarán los principios y disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de obligaciones, con el objeto de asegurar una gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.