*Dicen que el organismo de agua APAST aplica terrorismo fiscal.
*Señalan que gobiernos anteriores les obligaron a pagar un medidor que nunca instalaron y hoy les piden que lo vuelvan a comprar.
Pobladores y comerciantes principalmente de la zona oriente de Tultitlán, denunciaron su inconformidad con el gobierno que encabeza la alcaldesa morenista Elena García Martínez quien, señalaron, en diversos recorridos de trabajo ha comentado públicamente que su administración no invertirá en obra hidráulica o para distribución de agua potable, cuando es una de las principales dolencias de los tultitlenses.
De igual forma vecinos de la zona sur, de comunidades asentadas en las faldas de la Sierra de Guadalupe, comentaron que hace algunas semanas la alcaldesa les dio a conocer su proyecto de trabajo en el cual canalizará la inversión a obras de pavimentación, guarniciones, banquetas, bacheo, embellecimiento urbano y electricidad, pero que no le pidan obra que tengan que ver con el agua potable.
Sin embargo, el 28 de junio pasado por medio de un comunicado de prensa difundido en la web del gobierno, el director de APAST, Rosalío García dijo que se realizaban trabajos para regular el bajo suministro del agua en varias calles y que en el tanque de La Sardaña, -en la zona sur- se gestionó el aumento del suministro ante la CAEM, y que aumentaron la capacidad de energía eléctrica con un transformador para suministrar a un equipo de bombeo, además de que se transfirió agua en el bloque del circuito Cutzamala a la toma de calle Toluca en Ampliación Buenavista, y que se han construido líneas de conducción, “lo cual, con estas obras y acciones se solucionó el abastecimiento de agua que por ocho años padecieron los usuarios; lo que permitió dar abasto a colonias que tenían más de ocho años sin el vital líquido en Ampliación Buenavista Segunda Sección y localidades aledañas”, describe el documento oficial, pero varios pobladores no están de acuerdo, y señalan que son sólo palabras.
Aunado a lo anterior, habitantes de Lote 82, El Laurel, Alborada II, Claustros, Lote 84, Verde Claro, Prados A, San Pablo, Tórtolas, Lote 56, Los Faroles y Hogares de Castera, entre otros, dijeron sentirse temerosos de que la administración actual les restrinja el servicio de agua, dado que el organismo de APAST está aplicando terrorismo fiscal y colocando grandes sellos de color verde a aquellas viviendas que por alguna situación no han podido pagar el uso del mismo, además aquellos que fueron beneficiados por algún programa de incentivos como el de borrón y cuenta nueva también son amenazados con que no se reconocerán los pagos que hicieron a administraciones pasadas.
Otra situación con la cual se topó la ciudadanía frente a este gobierno es que las autoridades por hacerse de recursos, están obligando a los usuarios a comprar un medidor e instarlo en sus tomas de agua, cuando muchos de ellos, desde que la presidenta fue por primera vez alcaldesa en el año 2006-2009 impulsada entonces por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el mismo sistema operador del agua potable les hizo comprar dicho aparato, y en muchas ocasiones se los quedaron a deber, pues nunca fue entregado o colocado, práctica que continuó con administraciones que le siguieron.
Ángel Valdés Ramírez, habitante de Lote 82, dijo que es contradictorio que por un lado estén obligando a pagar los servicios de manera puntual y obligada, y por otro no quieran invertir en resolver la problemática más importante de la demarcación, el servicio de la distribución de agua potable, por lo qué adelantó, más de 200 personas acudirán a todas las instancias legales para que el gobierno en turno dejé de hostigar a las familias con los sellos colocados en las puertas de sus viviendas sin autorización.
Por otra parte, Julia Mayo, una de las inconformes, y habitante de Tórtolas comento que no caerán ante presiones del gobierno municipal, “ellos pretenden que volvamos a pagar el medidor, pero en mi recibo de agua del 2009 ya está pagado y jamás, ni lo entregaron, ni lo instalaron, así en muchas casas”, por lo que dijo, respaldará las acciones y decisiones que tome la mayoría.
Los entrevistados dijeron estar organizándose en grupos de WhatsApp, con los cuales pretenden reaccionar en el momento que se detecte a algún trabajador de APAST restringiendo el agua en cualquiera de las casas involucradas e incluso sacarán de sus unidades habitaciones a quienes lleven con sigo los sellos de suspensión del servicio de agua, ya que además el material adheriente que utilizan para colocarlos daña la pintura de las puertas y paredes.
