En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, los diputados José Antonio García García y Karla Leticia Fiesco García presentaron iniciativas para aumentar las penas de prisión en una mitad cuando una violación, abuso o acoso sexual ocurran en el transporte público, así como para establecer penas de cinco a 10 años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado a quien hurte en una unidad económica del sector comercio, industrial o de servicios, y que este delito se califique como grave.
Con la primera iniciativa, las sanciones por abuso sexual aumentarían, de suceder en el transporte público, de cuatro a ocho años de prisión y de 10 a 30 años si es contra menores de edad; en tanto que para los casos de violación, el castigo máximo pasaría de 20 a 40 años de prisión, explicó el legislador José Antonio García.
El diputado puntualizó que ante las condiciones de inseguridad para las mujeres en el transporte público, es necesario desincentivar la comisión de delitos como la violación y el abuso y acoso sexual a través de acciones efectivas y contundentes, por lo que su propuesta plantea incrementar las sanciones cuando estos delitos se perpetren en instalaciones o medios de transporte público en sus diferentes modalidades o en vehículos de transporte privado solicitados por aplicaciones.
Detalló que la violación y el abuso y acoso sexual son los delitos que con mayor frecuencia padecen las mujeres en el transporte público, y que incluso en 2018 el Estado de México fue la entidad del país en la que más delitos de esa índole se cometieron; además recriminó el incremento de estos delitos en los últimos cuatro años, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): 970% el abuso sexual, 84% el acoso sexual y 477% la violación.
Comentó que en la entidad, según encuestas de la Secretaría de Movilidad, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual de las mujeres en el transporte público se concentran mayormente en la Zona Metropolitana del Valle de México y en el municipio de Toluca, donde 87% de las usuarias del transporte público dijeron haber padecido miradas libidinosas; 52%, piropos obscenos; 56%, empujones; 59%, manoseos; 18%, fotos sin consentimiento, y el 20%, persecuciones sexuales.
