A través de un posicionamiento presentado por la diputada Nancy Nápoles Pacheco, el Grupo Parlamentario de Morena en la 60 Legislatura se pronunció por la transversalización de los derechos humanos de las niñas y adolescentes y por la actuación de las autoridades para reducir y erradicar los embarazos tempranos y garantizar a este sector de la población una salud integral, física y mental, que no vulnere su dignidad ni su autonomía.
Al hablar ante el Pleno legislativo con motivo del Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes (26 de septiembre), la legisladora aseguró que se requiere un trabajo corresponsable e interinstitucional para evitar que las adolescentes sean víctimas de violencia sexual, ya que muchas veces es en el núcleo familiar en donde se genera la violencia contra ellas.
Destacó también, la necesidad de implementar políticas públicas que permitan llevar a cabo acciones de información, promoción y prevención en materia de educación sexual y reproductiva integral, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos adecuados y a la interrupción legal del embarazo, brindar consejería eficaz y amigable y proveer atención médica reproductiva especializada.
Señaló que México es el estado miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con más adolescentes embarazadas, con una tasa de 77 embarazos por cada mil jóvenes de entre 15 y 19 años registrada en 2018. “Somos el país con más adolescentes embarazadas, lo cual deriva, entre otras cosas, en un importante problema de salud pública”, precisó.
Resaltó que el Estado de México, de acuerdo con la consulta de nacimientos registrados por entidad federativa y según la edad de la madre, se ubica en la tercera posición a escala nacional en el número de mujeres menores de 15 años, con un total de 768 casos, lo que representa 7.8% de los 9 mil 748 nacimientos registrados. Asimismo, aseguró que en México, el embarazo a temprana edad es un problema de violencia de género: “Nos encontramos ante la falta de responsabilidad social al permitir el matrimonio infantil, ante la inercia de reprimir temas de la reproducción y de sexualidad en el núcleo familiar, ante la falta de políticas públicas efectivas e integrales encaminadas a la educación sexual y reproductiva, ante la necesidad económica y la marginación, y ante la violencia sexual, los cual impacta más en el cuerpo de las mujeres debido a la condición humana de procrear”.
