Naucalpan, Méx.- Urge legislar y convertir en delito grave el despojo de los bienes inmuebles, pues ya es una pandemia en el Estado de México el que grupos armados especialmente desposean a personas de sus casas o terrenos, conocedores de que las penas por ese delito son mínimas o no las hay pues en la mayoría de los casos hay autoridades coludidas, denunció Carlos Mata Martínez, abogado que defiende varios casos de despojo en la entidad mexiquense y directivo de la “Fundación Delos” y del corporativo “Enjambre Ciudadano”.
En rueda de prensa y tras presentar otro de tantos casos de despojo, en este caso en este municipio de Naucalpan, el licenciado en Derecho resaltó que en muchos de los municipios mexiquenses se han registrado múltiples casos de grupos armados que irrumpen en casas y terrenos para apropiarse de ellas y, posteriormente, gestionar mediante documentación falsa, las nuevas escrituras.
Esto, dijo Mata Martínez en el mejor de los casos, pues en otros secuestran literalmente a los dueños del inmueble hasta obligarlos a entregar sus documentos que los acreditan como dueños, e incluso, y ante la posible colusión de las autoridades, los auténticos dueños tienen que pasar un viacrucis legal en el que pierden tiempo y mucho dinero para que al final no logren recuperar sus bienes.
“Casos como el de Chalco, cuando una octagenaria tuvo que recurrir a la violencia tras la desesperación de haber perdido su casa y, aunque no es aceptable, dos personas murieron y otras más resultaron lesionadas porque la autoridad no actuó a tiempo” enfatizó Carlos Mata.
El modus operandi de esos grupos o sindicatos es bien conocido por la FGJEM y por las autoridades municipales, pero, reitero, la colusión, la corrupción y la ausencia de leyes severas que inhiban estas acciones han permitido que cientos de familias pierdan su patrimonio.
Cuando una familia es víctima de despojo y acude a denunciar ante la Fiscalía, se tiene que enfrentar a procesos burocráticos que tardan horas tan solo para iniciar la denuncia, posteriormente en el proceso de recaudación de pruebas hay acciones raras por parte del Ministerio Público, lo que evidencia la complicidad desde ese istancia, por ello urge una legislación actualizada y real que apoye a las víctimas y no a los victimarios, finalizó
