Ecatepec, Méx.- Diferentes Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, demandaron al gobernador Alfredo del Mazo y al secretario de Movilidad, Raymundo Martínez, cancelar el aumento a la tarifa de transporte público masivo, recientemente aplicado en la entidad, en tanto no ofrezcan alternativas de transporte seguro, digno y sustentable a sus usuarios.
En conferencia de prensa, Greenpeace México lanzó un reto a Del Mazo para que, durante un día, realice sus traslados en transporte público y se ponga en los zapatos de millones de mexiquenses que a diario tienen que hacer uso de éste.
«Este ejercicio podrá darle una nueva perspectiva de la realidad que se vive en la entidad que gobierna, y que actualmente nos permite afirmar que el transporte en el Estado de México mata», dijo Carlos Samayoa, responsable de temas de movilidad de Greenpeace, al establecer como plazo máximo para recibir la respuesta del mandatario el próximo viernes 7 de febrero.
«El incremento a la tarifa mínima del transporte público ha generado un descontento social entre los usuarios. Esta medida sin fundamento, no garantiza un mejor servicio.
«Los más afectados son estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad que no cuentan con una tarifa preferencial, trato digno ni infraestructura que permita el acceso a las unidades del sistema», expresó Alejandro Hernández Hernández, coordinador general de Intégrate Project.
La inseguridad es uno de los principales problemas en este sistema, pues según datos de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, tan sólo durante el primer cuatrimestre del 2019 se cometieron 25 asaltos con violencia diariamente.
Esto, sin mencionar los casos de acoso y secuestros que se presentan a bordo de las unidades. Además, el prolongado tiempo en trayectos menores a 20 kilómetros entorpecen las actividades económicas, recordó Alejandro Hernández.
Los integrantes de las organizaciones civiles consideraron que es inaceptable que la administración mexiquense aumente las tarifas del transporte público sin delimitar, previamente, un plan con plazos y medidas concretas que se enfoque en una transformación de este sector y que realmente se ofrezcan alternativas para una movilidad eficiente.
Ese plan debería incluir, mínimamente, las 13 medidas exigidas por Greenpeace y diversas organizaciones sociales que, si son aplicadas, podrían presentarse mejoras y una verdadera movilidad sustentable a mediano y largo plazo.
Establecer corredores estructurados con rutas alimentadoras, carriles exclusivos, estaciones accesibles y un entorno seguro con énfasis en un diseño con perspectiva de género; crear un sistema de tarifas integrado que pueda usarse en los diferentes modos de transporte público y tarifas preferenciales para grupos vulnerables de población, así como diseñar un programa para reducir en al menos 80% los delitos que ocurren dentro del transporte público al término de la actual administración de gobierno, son algunas de las propuestas.
«Este aumento no tiene justificación. Actualmente, el transporte público en el Estado de México es de los más caros en el país y que ofrece la peor calidad. Las precarias condiciones bajo las que opera, hacen que millones de usuarios tengan que viajar en condiciones de inseguridad, exponiéndose a la delincuencia y padeciendo hacinamiento de un servicio ineficiente», comentó Dante Álvarez Jiménez, de Metrobús «Toluca Ya».
Diana Bobadilla Martínez, presidenta de la Función Xihmai, advirtió que, actualmente, el uso del transporte público consume entre el 20 y el 40% de los ingresos de cada usuario y aún así se autorizan los aumentos que vulneran los derechos de los ciudadanos e incrementan la desigualdad.
