Estado de México.- Este jueves 21, el Grupo Parlamentario de Morena presentará la propuesta de Ley de Amnistía para el Estado de México dentro de la cual se propone que la legislatura cree una comisión especial que analice hacer justicia a las personas en su condición vulnerable, cultural, social y económica, y los ponga a consideración del Poder Judicial, para que determine si es sujeto de amnistía.
En este sentido, el diputado Max Correa Hernández dijo que de aprobarse la Ley federal de Amnistía, cada estado puede legislar una ley similar en materia del fuero común para beneficiar a los que están procesados por delitos que no cometieron o que por su condición económica no tuvieron un debido proceso o no pudieron tener una defensa adecuada, permaneciendo preso a veces bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa.
Correa Hernández explicó que solo el 17 por ciento de las personas en prisiones mexiquenses han cometido en más de una ocasión delitos, el resto, 87 por ciento, es la primera vez que delinquen y un punto importante es que también podrán ser beneficiadas las personas que por razones políticas, como ambientalistas o líderes sociales, fueron acusados de delitos graves para que no tuvieran el beneficio de la libertad condicional.
La Ley de Amnistía busca beneficiar a quienes desde hace dos años purgan una pena injustamente, y a las personas que se les haya ejercitado o se pudiera ejercitar acción penal durante la vigencia de la ley, la cual podría durar por el resto de la actual legislatura.
El legislador explicó que la propuesta legislativa considera que” hay conductas que no son delitos, que ejercen un derecho humano como el caso del aborto, donde también son criminalizados el personal de salud, y el uso lúdico y medicinal de la cannabis, así como los campesinos e indígenas que defienden el agua y los bosques, y que actualmente están privados de su libertad por ejercer ese derecho”.
La importancia de la Ley de amnistía, dijo, es que facilitará también acciones para desahogar la sobrepoblación que actualmente presentan los centros penitenciarios, precisamente porque el 87 por ciento de los presos son primodelincuentes.
Correa Hernández finalizó que a las recomendaciones que organismos de Derechos Humanos han hecho a las autoridades estatales respecto al grave hacinamiento que existe en sus reclusorios, se suma la pandemia de Covid 19 que pone en alto riesgo a la población penitenciaría, que incluye a las personas que están injustamente presas.
