: La Muerte ronda y hay ocho hospitales abandonados en Edomex
Ahora resulta que lo que inició con una protesta contra la violencia de género se ha convertido en un movimiento político-subversivo, el pliego petitorio se cambió a una utilización del alumnado para fortalecer a los enemigos del rector y solicitar su despido, sin que hasta el momento se logren soluciones que beneficien a la mayoría de los estudiantes que por una minoría están a punto de perder el semestre.
La excusa que externaron los integrantes del ahora autodenominado Comité Coordinador de Lucha es que había espionaje a varios alumnos considerados como inquietos. La pregunta es ¿cómo le hicieron para tener acceso a la red del sistema de la UAEM? ¿Quién les dio las facilidades, espacio y contraseñas para ingresar al sistema de cómputo del Centro Juvenil Universitario? ¿Saben y están conscientes que lo que hicieron fue robo de información?
Creo que la policía cibernética deberá investigar esta cuestión pues la intromisión al sistema administrativo de la UAEM como Institución es un delito grave que se debe investigar hasta las últimas consecuencias y castigar al o a los responsables que, estoy cierto, no son alumnos de la máxima casa de estudios, sino fuego amigo para aprovechar el movimiento estudiantil y manipularlo hacia sus intereses personales o de grupo con el único objetivo de solicitar la renuncia del rector, Alfredo Barrera Baca, sin importar el daño que se está causando a la institución afectando a 4885 alumnos de licenciatura, más quienes estudian alguna especialidad.
Ahora otra de las preguntas, quienes asesoran a estos jóvenes y si encontraron en el Centro Juvenil Universitario pruebas de Espionaje y tiene los nombres de los responsables, incluyendo a Barrera Baca, quien en el 2012 no era el rector, este cargo recaía en Eduardo Gasca Pliego, ¿Porqué no los denuncian en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México? ¿Porqué acudir al Congreso del Estado de México? ¿Esta denuncia de “los estudiantes” de Ciencias Políticas es jurídica o Política?
Las medidas anunciadas por el gobierno del Estado de México incluyen la disposición de seis hospitales para atender a posibles víctimas del COVID-19 es un buen avance, sin duda no lo que se esperaba de la entidad con mayor número de habitantes y con una supuesta mejor infraestructura hospitalaria, pero hay limitantes que aunque no se generaron en esta administración por cuestión de lógica las debe resolver el gobierno de Alfredo del Mazo.
Es increíble que otros países estén construyendo nosocomios a marchas forzadas en vísperas de la ineludible segunda etapa de la pandemia y posiblemente se llegue a la tan temida tercera etapa, mientras que México apenas se encuentra en los preliminares de prevención y lo que resuelve el gobierno federal debería ser apoyado por los Estados y de paso cada uno prepararse a defender la salud de quienes confiaron en ellos para que manejaran los recursos públicos.
Esto viene a colación porque ya es mucho tiempo y no se ha resuelto el asunto de por lo menos ocho hospitales que están en obra negra y que a nadie le ha importado terminar, edificios que se anunciaron con bombo y platillo en la pasada administración y con supuestamente los recursos necesarios para su culminación y puesta en marcha, pero ni se terminaron ni se ha investigado y castigado, si así se requiere, el destino de millones de pesos anunciados para su construcción.
Hace un año, Gabriel O’Shea, titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, dijo que el gobierno anterior cometió graves errores en la proyección de siete de los ocho hospitales, hoy inconclusos en el Estado de México, siete no cuentan con una Clave Única de Establecimientos de Salud (Clues) que otorga el Gobierno federal, en aquel entonces el funcionario estatal aseguró que en tres meses se lograría la gestión de la clave para acceder a los recursos federales y terminarlos, ya va un año, o se le olvidó o hubo alguna indicación, pero el caso es que no hay avance.
En aquel entonces, el funcionario detalló que para terminar las ocho obras se necesitan 995 millones de pesos y 361 millones para equiparlos. La pregunta es si acaso no se les debe dar prioridad a destinar esos 995 millones con recursos propios o realizando algún subejercicio o simplemente recortando el oneroso gasto corriente.
En lugar de pagar muchos millones por acarrear a reporteros a los eventos del gobernador para decorarlo, se debería de destinar esos recursos por lo menos a terminar uno de los ocho abandonados inmuebles y dar visto a la Auditoría Superior de la Federación para que se investiguen las licitaciones y contratos con las empresas constructoras, así como el destino de la multimillonaria inversión, solapar es convertirse en cómplice.
Según datos proporcionados por O´Shea, tan solo para terminar, equipar y poner en funcionamiento el abandonado hospital de Aculco con tan solo el 22 por ciento de avance se requieren 206 millones de pesos, ¿no se han gastado más en publicidad?, será que importa más la imagen que la salud de casi 14 millones de mexiquenses?
Por ejemplo, el Hospital Municipal de Acolman comenzó a edificarse el 9 de junio de 2014 con la empresa Ten Infraestructura México, con la que se firmó un contrato por 20.7 millones de pesos, pero en 2017 se contrató a Grupo Marebb por 29.9 millones de pesos adicionales.
En situación similar está el Hospital de Coacalco que comenzó su construcción en mayo de 2013, con un contrato por 25 millones de pesos con Constructora de Infraestructura de Durango, pero dos años después se firmó otro convenio con Dycmacos por 66 millones de pesos. Y así se pueden documentar todos y cada uno de los Hospitales muertos.
