TLALNEPANTLA, Méx. El diputado Max Correa Hernández hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM) para que recomiende a la Fiscalía estatal agilizar la expedición de constancias de primo delincuentes, debido a que es un requisito establecido por el Poder Judicial para las personas que pueden ser beneficiadas por la Ley de Amnistía.
Correa Hernández, quien es miembro de la Comisión Especial en Materia de Amnistía del Estado de México, señaló que la Fiscalía se está tardando mucho tiempo en entregar la información, por ello hasta el momento solo tres personas han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía, de las 290 que han solicitado el beneficio.
Argumentó que el llamado “es para que luego no nos digan que la pandemia y la veda electoral son los responsables de que la gente no se haya podido beneficiar de esta Ley que es punta de lanza a nivel nacional, y está demostrando que sirve para hacer justicia, dar libertad, y construir paz y reconciliación en el Estado de México.
En ese sentido, señaló que tras exhibir los montajes televisivos que se realizaron en los periodos de gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en evidencia que en México se construyeron falsos culpables, tanto en delitos de alto impacto como del fuero común.
“Por eso es muy importante y vigente Ley de Amnistía del Estado de México, porque se escenifican circunstancias delictivas en perjuicio de personas, muchas de ellas inocentes, y en el caso del estado de México tenemos muchos falsos culpables, personas a las que se les ha violentado el debido proceso, pero que pueden ser beneficiaros con esta ley.
«También pedimos a jueces y magistrados que atiendan las solicitudes de amnistía con criterios garantistas, con un principio ‘propersona’ bajo la interpretación legal de todo lo que le favorece a la persona privada de su libertad», resaltó el diputado de Morena.
Recordó que hay dos modalidades para la aplicación de la Ley de Amnistía: “La vía ordinaria beneficia a las personas que cometieron delitos de bajo impacto como robo simple, aborto, autodefensa de las mujeres que ejercieron violencia paro protegerse o cuidar a su familia; así como violaciones a los debidos procesos judiciales contra indígenas o campesinos que defendía su tierra o territorio, o que fueron presionados por la delincuencia organizada para cometer ilícitos, entre otros.
«Y la extraordinaria, que es cuando hay delitos de alto impacto, secuestro u homicidios que se fabricaron sobre las personas, donde se violentó el debido proceso, incluso que se llegó a la tortura, finalizó.
