La desatinada propuesta del Fiscal Nacional Alejandro Gertz Manero de erradicar el feminicidio como delito y tipificarlo como agravante de homicidio es sin duda un muy lamentable desacierto de quien se presume como el primer abogado de México. Sin duda alguna sus excusas sobre la integración de los casos de feminicidios y el problema para los ministerios públicos al integrar los expedientes solo exhiben la poca capacidad de los mismos y la urgente encomienda por buscar adecuaciones al código penal vigente, pero nunca el de retroceder en la lucha que han emprendido por décadas mujeres, familiares de asesinadas y hombres dispuestos a defender los derechos de ellas.
Y es que de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2019 se registraron tan solo de enero a octubre 3 mil 142 asesinatos de mujeres, de los cuales 363 se tipificaron como feminicidios.
El Estado de México, por citar un caso se ubicó en segundo lugar en este delito con más de 339 casos, 81 de ellos investigaos como feminicidios, ignorar este problema o maquillarlo es un verdadero retroceso a la Ley mexicana.
En su defensa Gertz manero dijo que en este delito, actualmente, se imponen siete condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente su judicialización.
Sostiene que si, simplemente, se tipifica y se mantiene el delito de Feminicidio como un homicidio en contra de una mujer; este Feminicidio debe tener el agravante y la penalidad más alta, que debe ser de 40 a 70 años; que es superior a la que actualmente se aplica en cualquier delito de homicidio calificado o agravado.
Esto no fue del agrado de los colectivos de feministas y tampoco de los defensores de los derechos humanos, entre ellos Jorge Olvera García, dijo que considerar siquiera la posibilidad de eliminar del Código Penal Federal el delito de feminicidio es un retroceso jurídico para la sociedad y las mujeres, ya que con esa tipificación, en su momento, se logró visibilizar la más cruenta expresión de la violencia de género luego de años de lucha, aseguró el ombudsman mexiquense.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), explicó que las implicaciones de dicha propuesta van más allá de la terminología legal, pues se iría en contra de lo que establecen tratados internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amén de las legislaciones nacionales y estatales.
Por cierto y dentro del mismo tema de protección a las mujeres, el encuentro entre grupos feministas de la UAEM y el gabinete de la institución permitió apreciar la correcta vena política del rector, Alfredo Barrera Baca quien ofreció un diálogo franco, directo y cuidadoso de establecer una relación o lucha de poder.
¿Será acaso una muestra de lo que se debe hacer ante éste tipo de crisis? El tiempo lo dirá, pero lo que queda claro es que se requieren autoridades que se sienten, escuchen, dialoguen y estén dispuestas a hacer efectiva la máxima del servicio público: servir al otro.
