Mientras la propuesta de Ley de Protección al Ejercicio Periodístico en el Estado de México sigue acuñada en las cajas de la ignominia de la LX Legislatura, cada vez es más común que se presenten atentados contra uno de los derechos más importantes de los mexicanos, estipulados en los artículos sexto y séptimo constitucional.
Las razones por las que no se aprueba la ley solo la fracción de Morena la sabe, los reporteros podremos tener nuestras propias ideas, pero lo importante es que no hay Ley y si no hay Ley, el periodismo estatal sigue practicándose bajo riesgo continuo.
El proyecto de Ley lleva más de 20 años como propuesta y en el último participaron periodistas de todas las regiones del Estado de México, sin embargo para la sapiencia de la legislatura fue necesario gastar recursos en consulta a organismos externos para la redacción de la misma.
Las propuestas y puntos de vista de quienes viven a diario la violenta labor de informar fueron minimizados y parece que la experiencia de quienes no viven en la entidad tuvo más peso o pesos para una redacción poco acorde a las necesidades de reporteros de la región sur de la entidad y de la zona oriente o valles de México, Toluca, Texcoco, Teotihuacán.
Dos hechos recientes se suman a los 17 casos documentados ante la CODHEM de violencia contra comunicadores en menos de un año y evidencia el poco o nulo interés de los poderes ejecutivo y legislativo por proteger a este sector.
En Cuautitlán Izcalli, policías municipales detuvieron injusta y arbitrariamente a un reportero sin móvil y tras la negativa de la FGJEM por carecer de elementos, fue trasladado al Juez calificador.
El hecho es un ilícito pues hubo flagrancia en la privación ilegal de la libertad, la reforma al artículo 282 bis estipula que las amenazas y palabras altisonantes son constitutivas de delito y sin embargo ni el gobierno municipal del morenista Ricardo Nuñez, ni la Fiscalía han hecho algo al respecto.
Por otra parte, ayer miércoles hombres armados asaltaron las oficinas del Diario Alfa en un acto que lleva más pinta de acallar al medio de género crítico que llevarse unas computadoras y eso también es ataque contra la libre expresión, en ambos casos hubo notas previas de señalamientos a errores administrativos a diversos niveles de gobierno, por ello se debe establecer la línea de investigación priorizando el trabajo periodístico en ambos casos.
Por lo pronto el alcalde de Izcalli demostró que el exhorto de la CODHEM y de la Legislatura no son su prioridad, tal vez era necesario realizar un baile para que al señor funcionario le convenciera la importancia de tal documento.
Nuñez Ayala se ha destacado por el desprecio hacia los comunicadores, según expresan quienes cubren la fuente, pero más allá de sus puntos de vista, hubo un delito y debe ser castigado, debe la contraloría municipal sancionar la violación de atribuciones y la FGJEM seguir de oficio la privación ilegal de la libertad.
