:/ Fueron detenidos luego de que habrían exigido un pago a cambio de no clausurar una estación de gas LP, en Valle de Chalco
Valle de Chalco, Estado de México, 29 de abril de 2020.- La Autoridad Judicial con sede en Chalco determinó iniciar un proceso legal por el delito de extorsión agravada en contra de Francisco “N” y José Martín “N”, quienes laboraban como verificadores de la Procuraduría General de Consumidor (PROFECO) y habrían exigido dinero a un trabajador de una estación de gas LP, a cambio de no clausurar dicho establecimiento.
Con los elementos de prueba recabados y aportados por el Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Amecameca de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la Autoridad Judicial determinó vincular a proceso a ambos sujetos, a quienes le fue colocado un localizador satelital electrónico.
La Autoridad Judicial les fijó como medidas cautelares la prohibición de concurrir o acercarse a la gasera afectada; presentarse periódicamente al Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA) y la suspensión temporal en el ejercicio de su cargo.
Cabe mencionar que estos individuos fueron asegurados por elementos de la Policía Municipal de Valle de Chalco, como resultado de un operativo en la Avenida Guadalupe Posadas, de la Colonia Ampliación Santa Catarina.
De acuerdo con los hechos asentados en la carpeta de investigación, se pudo establecer que el pasado 21 de abril, los dos detenidos se presentaron en las instalaciones de una estación de gas LP ubicadas en la mencionada colonia y se identificaron como servidores públicos de PROFECO.
Estas personas le habrían solicitado a un empleado una cuota de 16 mil pesos a cambio de no clausurar este negocio, por ello la víctima solicitó la presencia de elementos de la Policía Municipal, quienes, derivado de una movilización, detuvieron a los probables extorsionadores.
Durante el operativo les fue asegurada una camioneta, así como dinero en efectivo al parecer producto de la extorsión.
Estos dos sujetos fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público y luego remitidos ante un Juez, quien los procesó por estos hechos, sin embargo, se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
