Derechos humanos en el Estado de México:
Retos y perspectivas en la implementación
de compromisos internacionales
Toluca, Estado de México, 19 de noviembre de 2024
En la Biblioteca Pública Municipal José María Heredia y Heredia se llevó a cabo el
conversatorio titulado ‘Implementación de las Recomendaciones Internacionales en
Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en el Estado de
México: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal’, organizado por el ColectivoEPUMx,
una articulación de más de 300 organizaciones nacionales e internacionales de derechos
humanos. A través de varios informes presentados en el marco del 4o Examen Periódico
Universal de México (EPU), este colectivo realizó un amplio diagnóstico sobre la situación
general de los derechos humanos en el país.
El Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
revisa el cumplimiento de los compromisos internacionales en derechos humanos de los
países. En su 4o ciclo, México recibió 318 recomendaciones, de las cuales aceptó 304 y
tomó nota de 14. Este mecanismo proporciona una visión integral sobre los derechos
humanos en el país, abordando temas clave que permiten identificar problemáticas y
posibles soluciones interrelacionadas.
En este contexto, el evento reunió a defensoras y defensores de derechos humanos,
académicos y autoridades de diferentes niveles para reflexionar sobre los retos y
oportunidades en la implementación de las recomendaciones del EPU en el Estado de
México. En una entidad con graves desafíos, como la violencia de género,
desapariciones, militarización y riesgos para las personas defensoras y periodistas, se
destacó la urgencia de avanzar en la protección efectiva de los derechos humanos.
Durante el evento, Hugo Arreola, representante del Centro de Derechos Humanos
‘Zeferino Ladrillero’,destacó la importancia de atender las diversas recomendaciones en
materia de uso de la fuerza, haciendo énfasis en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y
la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México, y contra la militarización
de la seguridad pública, especialmente en el contexto actual de la entidad. Hizo un
llamado enfático a replantear las políticas de seguridad y a establecer un mayor control
sobre las fuerzas policiales y de seguridad actuales.
De igual forma, Norma González, de Amnistía Internacional, ofreció un análisis
detallado sobre los impactos de la violencia contra la mujer, destacando que el Estado
de México ocupa el tercer lugar en feminicidios, después de Guanajuato y Baja California;
ocupa el primer lugar con el mayor número de mujeres desaparecidas y que a pesar de
los esfuerzos del Estado Mexicano por prevenir, atender y erradicar la violencia por
razones de género, ésta continúa, por lo que subrayó la necesidad de que el Estado
asuma con urgencia las, al menos 38 recomendaciones internacionales en esta área.
steriormente, Mario Hurtado, del Espacio OSC, profundizó en el tema de la situación
de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, destacando que el
Estado de México es una de las entidades con el mayor número de personas con
medidas de protección debido al riesgo que enfrentan por ejercer su labor de defensa.
Además, señaló la necesidad de atender las recomendaciones, en particular las que
proponen fortalecer el Mecanismo Estatal de Protección y establecer un plan de
persecución penal para estos delitos.
Mónica Olmedo, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM),
habló sobre la situación de niñas, niños y adolescentes como víctimas de delitos.
Destacó la persistente realidad sobre trabajo infantil y desaparición como dos factores de
riesgo que facilitan el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte
de grupos de la delincuencia organizada, factores que son potenciados por el rezago
educativo, el aumento de la violencia y subrayó la necesidad de que se consideré
prioritaria evitar la simplificación orgánica de los SIPINNAS para poder contar con
políticas públicas y leyes que garanticen la atención y satisfacción de los derechos de la
infancia.
Por último, Zué Valenzuela, de PODER, abordó la situación de las empresas y los
derechos humanos, recalcando la importancia de contar con una legislación con
perspectiva de derechos humanos y género, transparente e intercultural que obligue a las
empresas a rendir cuentas y al gobierno estatal asumir su rol garante frente a los abusos
y violaciones a derechos humanos por la actividad empresarial. Hizo un llamado a que, a
nivel local, se establezcan procedimientos de debida diligencia y respeto a los derechos
humanos en todas las fases de la actividad empresarial.
Al finalizar el conversatorio, se hizo un firme llamado a las autoridades estatales para
que prioricen la implementación efectiva de las recomendaciones del EPU, asegurándose
de monitorearlas y de desarrollar mecanismos que promuevan políticas públicas más
inclusivas y respetuosas con los derechos humanos. Se subrayó la necesidad de
fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones, así como de incrementar los
recursos humanos y financieros para las acciones en derechos humanos. Además, se
resaltó el compromiso de seguir colaborando de manera conjunta para impulsar cambios
estructurales que beneficien a las poblaciones más vulnerables de la entidad.
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